Uno de los casos más recientes de muertes por el uso de "armas no letales" en Brasil ocurrió apenas hace dos semanas. Genivaldo de Jesus Santos, de 38 años, fue detenido por la Policía Federal de Caminos en el municipio de Umbaúba, en la costa sur de Sergipe, el 26 de mayo de 2022. Genivaldo iba en una motocicleta cuando fue abordado en un control de tráfico en la vía BR-101 porque estaba sin casco y posteriormente fue inmovilizado por agentes. En videos que circularon masivamente en las redes sociales, se vio a personas diciéndole a la Policía que él tenía una enfermedad mental. Su sobrino, Wallison de Jesus Santos, dijo a UOL que su tío llevaba su medicina con él.

Unos minutos después, Genivaldo fue arrojado a la cajuela del auto policial. En el video que circuló en internet se registra el momento en que quedó atrapado en la cajuela del auto y cómo, por las rendijas de la puerta trasera, que se mantenía semicerrada, salía humo. Al mismo tiempo, Genivaldo forcejeaba con las piernas colgando desesperado, mientras gritaba dentro del auto. Uno de los policías incluso le sujetó las piernas mientras el otro bombeaba un tipo de gas lacrimogeneo dentro del auto por una de las rendijas.

Minutos después, un familiar se acercó y la policía llevó a Genivaldo a un hospital local, pero ya había muerto. Según un informe del IML (Instituto Médico Forense), la causa de la muerte fue “fallo agudo secundario a asfixia”. La Policía Federal de Caminos abrió una investigación por el caso y los policías involucrados fueron apartados temporalmente de sus cargos.

Brasil, sin embargo, cuenta con varias víctimas de este tipo de armas "no letales" desde el período de protestas masivas de las llamadas jornadas de junio, en 2013. En ese momento, una encuesta de la ONG internacional de derechos humanos Artículo 19 mostró que 837 personas resultaron heridas por las fuerzas policiales en Brasil durante las manifestaciones de 2013. Un caso se convirtió en simbólico en su momento: el fotógrafo Sérgio Silva fue alcanzado por una bala de goma y perdió la vista en su ojo izquierdo mientras cubría el MPL (Movimento Passe Livre) en junio de 2013 en el centro de São Paulo.

Antes que él, Alex Silveira, otro fotoperiodista, también quedó ciego durante una huelga tras ser golpeado por un artefacto similar, en 2000. Después de veinte años esperando una indemnización del Estado de São Paulo por la lesión, Silveira obtuvo una decisión favorable en el Tribunal Supremo Federal a finales de 2021. La sentencia podría favorecer a Silva, que también está a la espera de que se juzgue un recurso similar, ya que se le denegó la petición en el Tribunal Judicial de São Paulo en dos instancias.

Violencia en Pernambuco

En 2017, el estudiante Edvaldo da Silva Alves, de 19 años, fue una brutal víctima de la violencia y la falta de preparación de la Policía. Participaba en la manifestación celebrada en la carretera PE-75, en la ciudad pernambucana de Itambé, para exigir más seguridad. Era un movimiento pequeño y pacífico. Un vídeo que circula por las redes sociales registró paso a paso cómo ocurrió todo.

En un momento dado, apareció un coche de policía para despejar la carretera y Alves, junto con una mujer, discutió con un policía militar. En el vídeo se puede escuchar a uno de los policías decir: “¿Es este el que va a recibir el primer disparo?”. El policía dio la espalda a los dos y llamó a un colega armado con una escopeta calibre 12 de la marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos). Este agente apuntó a Alves y disparó a quemarropa a menos de dos metros.

El chico fue herido en la ingle de la pierna izquierda por una bala de goma e inmediatamente empezó a sangrar mientras estaba tendido en el suelo. Posteriormente, los policías le dieron una bofetada en la cara y lo arrastraron por el suelo hacia una camioneta. Por la gritería alrededor, debido a la truculencia del asalto, fue rescatado y llevado a la sala de emergencias local. Pero no pudo resistir la gravedad de la lesión y murió un mes después.

El caso causó tal enfado en la población local que acabó en la comisaría. Se abrió una investigación y los policías fueron acusados de homicidio doloso, es decir, que tenían intención de matar. Los acusados fueron cuatro policías, incluyendo a Ivaldo Batista de Souza Júnior, que hizo el disparo, y a Ramon Tadeu Silva Cazé, que comandó la operación y dio la orden a Ivanildo. El caso aún no ha sido sentenciado.

La expectativa era que los dos fueran ante un jurado popular, pero el Condado de Itambé dijo que los dos presentaron apelación y el caso debe ir a la segunda instancia en Recife. Otros dos imputados, acusados de omisión de socorro, recibieron extinción de punibilidad en octubre de 2020, tras aceptar el pago de indemnizaciones a las víctimas.

El caso del estudiante todavía está en curso, en el Tribunal de Justicia de Pernambuco (TJPE), siendo el Consejo de Justificación el que decidirá sobre la incapacidad del policía para permanecer en la institución. A su vez, el soldado que obedecía la orden del oficial fue sancionado con prisión de 30 días. El 16 de junio de 2017 se firmó un acuerdo de reparación para la familia de la víctima, con indemnización por daño moral y pago de pensión alimenticia a los padres del joven por daño material.

La historia de Edvaldo, a pesar de la repercusión local, no cambió la situación de violencia de la Policía Militar de Pernambuco. El año pasado, el comandante general de la Policía Militar de ese estado, Vanildo Maranhão, fue destituido tres días después del uso de violencia excesiva en una protesta contra el presidente Jair Bolsonaro en Recife, capital de Pernambuco.

El siguiente relato es el de Daniel da Silva Campelo, que resultó herido durante la manifestación. En ese momento, trabajaba pegando adhesivos en taxis. El día de la manifestación fue al centro en autobús para comprar material para atender a dos clientes. En medio del camino, en el puente Duarte Coelho, dejó el autobús debido al tráfico y siguió a pie, pero se encontró con la Policía de un lado y los manifestantes del otro.

“Cuando veo el Batallón de Choque, la primera acción es levantar las manos en esa dirección, abiertas y con los brazos en alto. Porque con las dos manos levantadas no pones en riesgo a nadie, creo. Entonces les digo (a la Policía Militar): soy un trabajador, un hombre de familia, no tengo nada que ver con esto (la protesta)”, dice.

Aun así, la policía militar abrió fuego. Un disparo tras otro, hacia la multitud que intentaba ocupar el puente. Campelo fue alcanzado en el ojo izquierdo por una bala de elastómero, conocida popularmente como bala de goma. Fue trasladado al hospital más cercano. Allí recibió la noticia de que había perdido el 100% de la visión en su ojo herido.

El informe del Instituto de Criminalística de la Policía Científica y el informe de la Policía Militar, a los que ha tenido acceso UOL, consiguen señalar al agente que efectuó el disparo que cegó a Campelo. Según el documento, se trata del sargento 3º del Batallón de Choque, Jairton Galdino da Silva. Según el perito, que analizó varios videos, el sargento apuntó con el arma y en un intervalo de sólo cinco segundos realizó cuatro disparos con una pistola cargada con munición modelo AM-403/P, del fabricante Condor.

Debido a esta dinámica, los investigadores evaluaron el caso como un homicidio culposo (sin intención) en virtud del artículo 210 del Código Penal Militar, sobre lesiones corporales culposas, con una pena privativa de libertad que va de dos meses a un año.

En la misma protesta contra Bolsonaro, Jonas Correia de França, de 29 años, fue otra víctima de una bala de goma y también perdió la vista en su ojo izquierdo. Al igual que Daniel, sólo pasaba por el lugar de los hechos y aún así fue golpeado. Los documentos de la policía de Pernambuco indican que el sargento tercero Reinaldo Belmiro Lins fue quien efectuó el disparo que alcanzó a França. Era el único policía que llevaba un arma AM 404/12E, fabricada por Condor, cargada con munición de elastómero.

Según los informes policiales obtenidos por UOL, el uso de este tipo de armas debe hacerse a una distancia de más de 20 metros del objetivo. El análisis de los expertos determinó que el disparo de elastómero realizado por Belmiro estaba por debajo de la llamada “distancia de seguridad”.

Por este motivo, el sargento fue acusado con el artículo 209 del Código Penal Militar sobre ofender la integridad corporal o la salud de los demás, con una pena de prisión de tres meses a un año. Otras dos personas resultaron heridas en esa protesta con el mismo tipo de munición, pero no de gravedad.

La Investigación Policial Militar iniciada está a punto de concluir. Dieciséis policías siguen fuera de sus funciones, uno de ellos en excedencia cautelar, con recogida de armas y carné de trabajo.

El 6 de agosto de 2021, el Estado de Pernambuco firmó un acuerdo de reparación con França, con indemnización por daños morales y materiales. En cuanto a Campelo, el Estado no recibió respuesta sobre la propuesta de reparación por daño moral y material presentada a la víctima y sus abogados.

En una nota, la SJDH (Secretaría de Justicia y Derechos Humanos) dijo que tomó las medidas necesarias en materia de asistencia médica, legal, psicológica y social a las víctimas y sus familias. Y el Gobierno de Pernambuco pagó íntegramente tres cuotas de eventual beneficio a Campelo y França.

Un hecho que llama la atención es que las propias empresas, incluida Condor, informan de la necesidad de formación antes de utilizar estas armas. En el caso de las balas de goma, hay informes públicos que indican que no deben dispararse a una altura superior a la cintura. En lo que respecta a las balas de goma, Condor informa: “Sólo dispara por debajo de la línea de la cintura o puede causar heridas graves o la muerte”.

Aun así, no es infrecuente encontrar personas golpeadas en el ojo durante las protestas. En 2014, el mensajero Maycon Gonçalves Mello, de 25 años, perdió la vista del ojo izquierdo durante un enfrentamiento entre la policía y los vecinos durante un embargo en la comunidad de Rato Molhado, en Engenho Novo, en la Zona Norte de Río de Janeiro.

En la confusión, una residente pidió ayuda para rescatar a su hija que se había lesionado un pie. Mello debía llevarla a urgencias. Pero para salir, los tres tuvieron que pasar la barrera policial. “No puse a nadie en peligro. Avisé que pasaba por allí para ayudar a un residente. Cuando me acerqué, uno de los policías me disparó y me dio en el ojo. Sangré mucho en ese momento”, recordó el mensajero, que fue alcanzado por una bala de goma.

A causa de las secuelas, la falta de visión normal en ambos ojos, dijo que ya no puede encontrar trabajo con un contrato formal. “Tengo una familia que mantener. Hoy en día vivo de trabajos esporádicos. Entrego productos por medio de una aplicación”, dijo Mello. Los abogados João Tancredo y Eduardo Cruz representan a Maycon en una demanda de indemnización al estado de Río de Janeiro que aún no ha sido juzgada.

Conflicto en el campo

En 2018, familias indígenas del pueblo kaingang ocuparon una finca utilizada para el entrenamiento de la Brigada Militar, en Passo Fundo, en Río Grande do Sul. No hubo acuerdo para una salida pacífica.

Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Rio Grande do Sul, los indígenas “embistieron la guarnición con trozos de palos y piedras”. Y la Policía tomó represalias. Los testigos dijeron que fue lo contrario, que la policía empezó a atacarlos. Cinco indígenas y dos policías resultaron heridos. Al final del enfrentamiento, las familias abandonaron la zona invadida.

Entre las víctimas estaba Querino Carvalho, de 78 años, herido en varias partes del cuerpo. Le dispararon varias veces con balas de goma. El número exacto varía entre 19 y 24, según el informe del Consejo Indígena Misionero (Cimi) y del Consejo de Derechos Humanos en Rio Grande de Sur, organizaciones que siguieron el caso.

Según el relato de Querino, los disparos se produjeron después de que un agente de policía disparara contra su hijo. Querino agarró una madera y agredió al policía. Un grupo de policías tiró al anciano al suelo y luego lo sujetó por el cuello. Inmovilizado en el suelo, recibió un disparo, uno de ellos cerca de la oreja. Dijo que se desmayó y que después tuvo problemas de audición. Otros indígenas presentes y algunos informes corroboraron su relato.

Querino fue esposado y llevado sangrando a la 1ª Comisaría de Policía de Passo Fundo. Durante el viaje, sufrió más agresiones. Estuvo detenido durante seis o siete horas.

La Brigada Militar dijo, en ese momento, que se trataba de una acción de despojo y que en el lugar había alrededor de cuarenta indígenas, entre adultos y niños. La Brigada dice que el grupo, liderado por Querino, no aceptó la orden de marcharse y se dirigió contra la policía con palos y piedras. Los informes muestran veintitrés lesiones en el cuerpo de Querino: en las piernas, los brazos, el abdomen, el tórax y la oreja izquierda.

El informe muestra que durante la acción de la Brigada se realizaron 149 disparos con armas de calibre 12 con munición antidisturbios de proyectiles de plástico o de goma (munición LD y MD); 14 granadas diferentes, incluyendo gases lacrimógenos e incluso la GL-307, de luz y sonido, el mismo modelo que hirió a un policía durante las pruebas de la Policía Militar de São Paulo.

La Policía Militar estableció una IPM (Investigación Policial Militar) y concluyó que la acción “se basó en el estricto cumplimiento del deber legal seguido de la legítima defensa”. El caso se archivó siete meses después del suceso.

Baile funk

En diciembre de 2019, nueve personas murieron asfixiadas durante una acción de la Policía Militar contra los frecuentadores de un baile funk en la comunidad de Paraisópolis, en la zona sur de São Paulo. Veinte personas resultaron heridas. Dos fueron hospitalizados.

Según la policía, dos jóvenes que iban en moto dispararon contra los agentes de la Policía Militar que llevaban a cabo la Operación Pancadão para frenar los bailes funk. Alrededor de 5.000 personas estaban en las calles de la segunda mayor comunidad del Estado de São Paulo.

La policía persiguió al dúo, lo que habría iniciado la confusión. Para dispersar el baile, se utilizaron pistolas con balas de goma, gas pimienta, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos. En las prisas, un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, se encerró en un callejón. Varios fueron pisoteados. La investigación oficial del caso encontró que, entre las granadas utilizadas, se encontraban dos GL-307 y una GL-203/L, respectivamente “de luz y sonido” y granada lacrimógena, ambas de producción exclusiva de Condor y del mismo modelo que había fallado en las pruebas realizadas por la Policía Militar de Sao Paulo en 2020.

Según el coordinador del Centro de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Defensoría Pública de São Paulo, Davi Quintanilha, el uso de estos dos tipos de granadas fue erróneo. “Este armamento tiene como objetivo dispersar a una multitud, pero en lugares donde hay una vía de escape. Esto se ve comprometido en las zonas comunitarias, que tienen calles estrechas y callejones. Esto provocó el confinamiento de las víctimas y habría causado las muertes”, dijo Quintanilha.

El caso sigue en los tribunales. El año pasado, la Fiscalía General del Estado denunció a doce policías militares por homicidio imprudente, que es cuando se asume el riesgo de matar.

En defensa de su hijo

El año pasado, Maria Celia de Jesus Gomes, de 49 años, recibió un disparo a quemarropa con una bala de goma cuando se enfrentó a un policía militar en la ciudad de Passos, en Minas Gerais. Fue herida en el estómago y tuvo que ir a cirugía.

La discusión comenzó durante una aproximación policial al hijo de María Celia. Hubo un altercado y uno de los policías militares sacó su arma y disparó. Herida, la mujer caminó hacia su casa y fue auxiliada por su marido. El chico acabó siendo detenido.

Son los rostros de algunas de las personas para quienes este tipo de armas resultaron siendo todo menos no letales.

Edición: Flávio Costa e Lúcia Valentim Rodrigues

Direccion de Arte: Gisele Pungan e René Cardillo

Design: Yasmin Ayumi

Motion: Leonardo Rodrigues