Jonathan Quispe cayó en el El Alto y su familia pide justicia

La protesta de la UPEA

Ese 24 de mayo el personal administrativo y el estudiantado de la UPEA salieron a las calles para pedir recursos económicos al Gobierno. “Nosotros teníamos muchos problemas en cuanto a nuestro presupuesto y no es que hayamos obligado a nuestros estudiantes a salir a las calles, fue la preocupación porque (el Gobierno) no nos dio los recursos que nos correspondía, lo que nos obligó a protestar”, señala Marco Antonio Hinojosa, director jurídico de esta casa de estudios superiores.

Ese 24 mayo no era el primer día de marchas masivas y bloqueo de la ruta que conecta al populoso y aguerrido municipio de El Alto con la ciudad de La Paz, sede del Gobierno de Bolivia. Pero sí fue el día en que los estudiantes le advirtieron a la administración de Evo Morales que si seguía haciendo “oídos sordos” a sus demandas se sumarían sus padres y se radicalizaría la protesta, dijo a este equipo periodístico Paola Barriga, activista de derechos humanos y abogada de la familia de Jonathan Quispe. Ante la previsible escalada del conflicto, el Gobierno optó por la represión antes que el diálogo.

En este tipo de acciones el gobierno de Morales no ha sido la excepción en América Latina, como lo encontró la investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión, realizada por El Deber junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros diez medios del continente.

Ese día, antes de que saliera de su casa para sumarse a una nueva jornada de protesta, Jonathan había desayunado con su madre, Claudina Vila, quien horas más tarde contó a los medios de comunicación, aún sin poder procesar el dolor por la pérdida, que despidió a su futuro comunicador con esta recomendación: “Quédate atrás (de la protesta), no te metas en problemas”.

Pero Jonathan no se quedó atrás de las protestas. Su entereza por cuidar de los demás y protegerlos de los abusos hizo que pasara a la primera línea. Así lo recuerda José Vera, el compañero con quien inició en 2018 la carrera de comunicación social y con quien compartió partidos de fútbol mientras estaban juntos en la universidad.

José cuenta que era cerca del mediodía y se encontraban en un punto de bloqueo, por inmediaciones de la avenida Juan Pablo II, cuando vieron que los policías empezaron a gasificar a sus compañeras y a agredirlas. Esa situación hizo que su grupo (incluido Jonathan) salieran a defenderlas.

Y es que el primogénito de Rosendo Quispe y Claudia Vila era así: alegre, vivaz y comprometido con las causas sociales. Era la esperanza de mejores días para su familia de escasos recursos que había migrado del área rural a la ciudad de El Alto.

Lo siguiente que José recuerda es “toda clase de sonidos”, entre ruido de petardos, gritos desesperados y disparos.

Los policías lanzaron granadas de gas y, al inhalarlo, la presión en el pecho, el picor en los ojos y la garganta hizo mella en los manifestantes, que debieron correr por sus vidas.

A los pocos minutos la noticia se esparció como pólvora entre los estudiantes y en toda Bolivia: muere un universitario de la UPEA en enfrentamiento con policías.

“No sabíamos qué hacer. Primero nos reunimos los del primer año (de la carrera de comunicación social) para contarnos, no sabíamos si faltaba alguien más. Cuando corroboramos que era él, la tristeza nos invadió porque pudo ser cualquiera de nosotros”, dice ahora José Vera.

Y así, de la forma más premeditada y como si de un juego se tratara, una canica o ‘bolilla’ de cristal con la que los niños juegan, se volvió letal cuando fue cargada a un cartucho y disparada por una escopeta de estopín, una arma que no debería ser letal. Solo que esta vez el ‘juego de las canicas’, que requiere a más de un contendiente, tenía dos ‘jugadores’: el Estado, representado por la Policía, y el proveedor del armamento no letal.

De acuerdo a los hallazgos de la investigación “El Negocio de la Represión”, entre 2017 y 2021, Bolivia importó 17,5 millones de dólares en armamento no letal, un negocio creciente y opaco, al que el mismo Estado boliviano le ha puesto candado para no transparentar la información, pues lo ha catalogado como de seguridad nacional. Los países de los que se importan armas principalmente son Brasil, España y Estados Unidos. Este equipo periodístico, sin embargo, no pudo constatar de dónde venía el arma desde donde se disparó la canica.

“Era triste, más aún en el velorio ver a su mamá sufrir, llorar. Ella le había preparado su comidita para que él no pase hambre”, dice José al revivir las memorias de aquel día. Efectivamente, en la mochila de Jonathan se encontró la comida que debía almorzar y 2 bolivianos (0,29 centavos de dólar) en uno de sus bolsillos.

A Paola Barriga se le quiebra la voz cuando recuerda este episodio, en el momento previo a la autopsia. “Solo tenía 2 bolivianos en su bolsillo, un muchacho de una estructura social muy muy precaria y encima de eso, sus padres, envueltos en esa desgracia… ¡perder a tu hijo cuando lo enviaste a estudiar!”.

La canica y el petardo

Después vinieron varias declaraciones imprecisas del Gobierno que no hicieron más que incrementar el sentimiento de desconfianza e indignación entre la gente del El Alto, otrora bastión del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales.

El asesor jurídico de la UPEA, que se sumó a la defensa de la familia de Jonathan, en representación de esa universidad estatal, relata así los hechos de aquel lúgubre 24 de mayo: “Mientras se estaba realizando la autopsia, que había comenzado entre las 18:30 y 19:30, a las 20:00 el ministro de gobierno, Carlos Romero, brindó una conferencia de prensa indicando que la muerte había sido ocasionada por una canica disparada por un petardo lanzado por nuestros mismos compañeros, aspecto totalmente falso y más porque estábamos en plena autopsia y el ministro ya estaba brindando esta declaración”.

“No hay que insultar la inteligencia del pueblo, no hay que mentirle, porque la verdad se impone. La muerte fue provocada por una canica de vidrio que tiene como responsable a los manifestantes”, fue la declaración del entonces ministro de gobierno que exacerbó los ánimos de la comunidad universitaria y de los pobladores de El Alto.

Y así, las protestas por recursos para la universidad ahora sumaban un nuevo pedido: justicia y transparencia en la investigación de la muerte de Quispe. Incluso, se llegó a pedir la renuncia del ministro, pero eso no sucedió.

La abogada de la familia Quispe sostiene que en aquel entonces el Gobierno buscaba “generar una muerte, que estaba dirigida a perseguir a los dirigentes estudiantiles y funcionarios de la UPEA” y de ese modo, frenar sus protestas.

Argumenta que algo así sucedió diez meses antes de la muerte de Jonathan, en julio de 2017, pues se desactivó una protesta prolongada que mantenían los cocaleros en Colomi (Cochabamba) cuando, en un enfrentamiento con la Policía, el manifestante Samuel Vallejos, de 27 años, también fue asesinado por el impacto de una canica disparada por un arma.

En ese caso de Vallejos el informe de la Fiscalía señalaba que “la causa de la muerte es shock hipovolémico con laceración pulmonar traqueal, traumatismo torácico penetrante por proyectil atípico (…) Se ha extraído una canica que sería la que le habría provocado la muerte”. El ministro de gobierno, Carlos Romero, y el jefe de la Policía, general Abel de la Barra, dijeron entonces que los agentes policiales no usaban ese tipo de armamento y que no habían disparado la canica. Sin embargo, los cocaleros, que velaron el cuerpo de Samuel en plena carretera, gritaban “¡Evo, asesino!”, mientras que el ministro Romero los tildó de “mentirosos” y de “utilizar a una persona fallecida”.

El Gobierno cambia de versión

Los videos de las cámaras de seguridad y los que los universitarios grabaron para la recién nacida UPEA TV, así como con sus teléfonos celulares, tumbaron la primera hipótesis del Gobierno . El director de la carrera de comunicación social de la UPEA, Marco Antonio Moreno, cuenta que se dieron a la tarea de recolectar pruebas que sirvieron para desvirtuar la tesis de que una canica, propulsada por un petardo manipulado por los universitarios, fue la que mató a Jonathan.

“La participación de la carrera fue fundamental para que se esclarezca el caso. Un año antes el rector (Freddy Medrano) había fundado la UPEA Televisión y pidió a la carrera de comunicación social que se hiciera cargo de cubrir las protestas (por presupuesto) por lo que ese día nuestros medios estuvieron ahí con sus cámaras (...). Con nuestras imágenes se esclareció que no fue un petardo sino una escopeta (de 12 mm) la que mató a Jonathan”, sostiene Moreno.

El informe emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) reveló que el universitario murió a causa de “un shock hipovolémico (hemorragia), laceración cardiaca, pulmonar y traumatismo torácico abierto por objeto contuso perforante”.

Esta herida fue provocada por una canica incrustada en cartucho de municiones considerado no letal, pero que dañó “dos órganos vitales como el corazón y el pulmón izquierdo, producido por un traumatismo torácico abierto”, señala el informe técnico.

A los seis días el Gobierno cambió su versión y pidió disculpas: “Fuimos inducidos a un error (...) Nunca negamos información a los medios, pero ustedes saben que en el marco de la investigación se generan hipótesis", dijo el ministro Romero el 31 de mayo en una conferencia de prensa, a la que compareció acompañado por el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero; el jefe nacional de la Policía, Alfonso Mendoza; y director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Aguilera, actualmente comandante nacional de la Policía Boliviana.

En esa misma conferencia de prensa, el subteniente Cristian Casanovas Condori fue presentado ante las cámaras de los medios de comunicación como el presunto autor de la muerte del joven universitario.

“Estamos en la condición de acreditar la responsabilidad del subteniente Casanova Condori que de manera autónoma y aislada ha hecho el empleo de este instrumento que no estaba autorizado para el efecto”, dijo Aguilera, cuando era jefe de la Felcc. Y agregó: “El accionar fue, exclusivamente, responsabilidad personal”.

Aguilera también declaró que se le dotó al subteniente Casanovas armamento menos que letal (como le denomina la Policía a los elementos que utiliza para reprimir protestas), escopeta y estopines, “sin alteración”. “No sé en qué momento o circunstancia adosa una esfera cilíndrica (canica) al interior de este proyector. Él lo ha metido indudablemente”,sostuvo.

El “Manual para operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público", publicado en 2017, señala que la institución encargada del orden en Bolivia tiene entre sus armas de dotación “escopetas antidisturbios con munición de impacto (perdigones de goma que están contenidos en un cartucho)” para “disuadir” a los manifestantes.

En menos de 48 horas el policía fue enviado a la cárcel con detención preventiva.

Al entregar al subteniente Casanova como presunto autor del disparo, el gobierno consiguió apacigüar los ánimos. Muchos alteños acompañaron al universitario a su entierro y el pedido de recursos para la UPEA pasó a segundo plano.

La defensa del uniformado denunció que era utilizado como un “chivo expiatorio”, presentado públicamente como autor del delito sin respetar su derecho a la presunción de inocencia y puesto tras las rejas de una prisión sin pruebas.

La abogada de la familia de Jonathan también pone en duda la culpabilidad del subteniente Casanovas. Señala que el peritaje realizado indica que el policía, según la acusación, iba sentado en la parte trasera de una motocicleta conducida por un camarada y “no podía haberle apuntado de frente y disparar (al corazón) porque estaba en movimiento y Jonathan saltando, era uno de los más activos del grupo”.

La jurista apoya la hipótesis de que, además de los policías que reprimieron la protesta con gases lacrimógenos y balines, el Gobierno desplazó francotiradores. Incluso, detalla que en el proceso dos lustrabotas que aseguraron haber visto a un francotirador en el techo de una casa desde la cual se habría disparado al universitario, fueron acusados de encubrimiento para acallarlos cuando se presentaron a declarar.

Consultado sobre este caso, el exministro Carlos Romero le dijo a EL DEBER que se ha querido construir una historia de que era “una cosa planificada” cuando, al contrario, se hizo una “investigación rigurosa” y que la planimetría realizada, así como la prueba de guantelete, los testimonios, los registros de cámaras y las pruebas de luminol, así como la confesión del mismo policía terminaron “cerrando el círculo en torno a Casanova”.

“Ahora, entiendo el dolor de la familia. Nunca una familia va estar plenamente contenta, peor cuando se ha politizado y mediatizado un caso, pero no es la primera vez que enfrento esto”, dijo al recordar el Caso Clavijo, cuya versión oficial sigue generando dudas.

Se debe cambiar la estructura policial

El exjefe de Policía, Rolando Fernández, cree que el caso de Jonathan debe conducir a un cambio en la estructura de esa institución. Esta debería diseñarse con base al cumplimiento de la normativa nacional y los acuerdos firmados con organismos internacionales, lo cual haría que se priorice la protección de la vida y la integridad física de las personas.

También, la institución encargada del orden debe revisar sus procedimientos de uso de armas dependiendo de las circunstancias y esto incluye el tipo de armamento no letal empleado para disuadir protestas ciudadanas, agrega Fernández.

En su opinión, cuando se produce un exceso policial la responsabilidad también es del Estado, que debe resarcir los daños causados porque la Policía es parte del poder ejecutivo.

Para este artículo se le envió una solicitud de entrevista y cuestionario al ministro de gobierno Eduardo del Castillo. Su equipo de comunicación respondió que estaba en proceso, pero hasta el momento del cierre no hubo respuesta.

‘David contra Goliat’

Han pasado cuatro años desde el fatídico 24 de mayo de 2018 y el presunto autor de la muerte de Quispe está con arresto domiciliario. El director jurídico de la UPEA, Marco Antonio Hinojosa, detalla los obstáculos que enfrentó esa casa de estudios superiores en su objetivo de sumarse al pedido de justicia para el universitario.

Primero, no pudo participar de la audiencia en la que el subteniente Casanovas se sometió a un proceso abreviado y recibió una condena de cinco años por el delito de homicidio culposo. Recuerda que el 6 de marzo de 2019, día del aniversario de El Alto, fueron sorprendidos con esta decisión. No habían sido notificados para participar de la audiencia de sentencia, ni les habían informado que el uniformado había decidido aceptar su culpabilidad y someterse a un juicio abreviado.

“Como universidad, junto a la defensa de la familia de Jonathan, hicimos la apelación y un tribunal de alzada revocó ese fallo, por lo que nos fuimos a un juicio oral y contradictorio”. La nueva sentencia extendió la condena a 15 años de prisión en el penal de San Pedro, en La Paz.

“También debo indicar —agrega Hinojosa— que ‘entre cantos de gallos y medianoche’ se ha llevado otra audiencia que ha dejado a este señor (Casanovas) con detención domiciliaria y (tampoco) nosotros fuimos notificados”.

Actualmente, según señalaron Hinojosa y Paula Barriga, la abogada de la familia Quispe Vila, el policía apeló la sentencia de 15 años y ahora se espera que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva el recurso de casación planteado.

Barriga dice que tiene pocas esperanzas de que algún día se conozca la verdad sobre este caso y que buscar justicia, teniendo a todo el aparato estatal en su contra, es una lucha de “David contra Goliat”.

“¿Quién quiere enfrentarse a largos litigios en un país donde la justicia está sometida al poder político y es utilizada para perseguir?” cuestiona la jurista al señalar que esto es lo que desgastó a los padres de Jonathan, que son de escasos recursos y, además de luchar por el esclarecimiento del crimen de su primogénito, deben preocuparse por el bienestar y educación de sus otros hijos.

Barriga informó que la UPEA le proveyó una fuente de empleo a Rosendo Quispe en la unidad de transporte de esta universidad. Este dato fue confirmado por personal administrativo de esta casa de estudios superiores.

Mientras este caso se ventila en los tribunales y la justicia se demora en llegar, el asesinato de Jonathan es una herida que sangra en El Alto.