La arquitectura gris de la compra de armas antidisturbios en Bolivia

La agitación social es combustible para el comercio de armamento no letal. A este mercado floreciente y opaco lo blinda del ojo público toda una arquitectura de leyes, prácticas oscuras e incluso corruptas de gobernantes y de algunos intermediarios, que a veces actúan al margen de la ley.

Y es a este mercado que un equipo de periodistas, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que tiene como aliado a EL DEBER y a otros nueve medios de la región*, le siguió la pista.

Los gases lacrimógenos de la corrupción

- Philip Lichtenfeld: “¿Puede (...) confirmar el problema lo antes posible ya que esto es de la mayor urgencia para entregar el efectivo en Bolivia?”.

- Bryan Samuel Berkman: “En la próxima hora”.

En esta conversación del 14 de abril de 2020, que aparece en el proceso judicial al que tuvo acceso esta alianza periodística, Philip y Bryan Samuel estaban terminando de “atar” un esquema de sobornos y lavado de activos del que se beneficiaron el entonces ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murilllo, su asistente Sergio Mendez y el padre de Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman Littman. 

Trece meses después, los cinco fueron detenidos en Estados Unidos, acusados de obtener, a través de prácticas presuntamente corruptas, un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares con el Estado boliviano para comprar de Brasil bombas lacrimógenas de corto y largo alcance, así como granadas de gas de triple acción y cartuchos con perdigones de goma.

Para que esta tramoya saliera a la luz, entró en escena Estados Unidos luego de que el 29 de enero de 2020 una entidad financiera de este país devolviera al Banco Central de Bolivia los 5,6 millones de dólares que habían sido transferidos a una cuenta de la compañía Bravo Tactical Solutions (BTS), con base en Florida, de propiedad de los Berkman. Así, los empresarios estadounidenses, incluido Philip Lichtenfeld, se vuelven “ciudadanos de interés” y el agente especial Jonathan Eades, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, empieza a seguirles el rastro (ver reportaje "Bolivia: el ministro, sus amigos y la trama corrupta en la compra de gas lacrimógeno").

En Bolivia hay muros que ponen trabas a quien tenga interés en hacer seguimiento a los contratos de adquisición de armamento con el que la fuerza pública, ya sea Policía o Fuerzas Armadas, reprime a la población cuando sale a las calles a protestar, un derecho salvaguardado en el derecho internacional, pero que los gobernantes tienden a no hacer respetar.

La opacidad en el negocio de la compra de este tipo de armas encuentra un respaldo en el aparato estatal, bajo el escudo de la “seguridad nacional”. Por ejemplo, la Resolución Ministerial N° 43, del 7 de febrero de 2020, le puso un candado más a la escasa transparencia en estas compras al instruir que los contratos no sean alojados en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), la base del sistema oficial de publicación y difusión de información de los procesos de contratación de las entidades públicas del Estado boliviano, cuyo uso ya requiere un cierto nivel de destreza.

Otro candado a los datos públicos de importación ha sido añadido por la Aduana, que solo brinda información sobre la fecha de importación, la partida arancelaria, el punto de entrada del producto al país, el país de origen del producto, el peso en kilos y los valores de importación. De ese modo, identificar al importador y al exportador es tarea difícil. Pero Bolivia no es el único país. También lo hacen sus vecinos de Latinoamérica, como pone en evidencia esta investigación colaborativa y trasnfronteriza El negocio de la represión.

Al no contar los bolivianos con una ley de acceso a la información pública, los funcionarios no están obligados a hacer transparentes sus gestiones cuando se les solicita, pese a que el Decreto Supremo N° 28168, incluso, les da un máximo de cinco días para hacerlo. Pero el decreto también dispone que toda aquella información pública que esté “clasificada como secreta, reservada o confidencial” sea “negada de manera excepcional”.

Con ese muro también tropezó la comisión de legisladores que investigó el denominado “Caso Gases lacrimógenos”, que inició su trabajo después de que se conociera que Estados Unidos tenía “bajo la lupa” a una red de sobornos, con nexos en Bolivia.

Los legisladores no lograron que, entre el 10 de junio y el 1 de octubre de 2020, ninguno de los ministros del gabinete de Jeanine Áñez (Yerko Núñez, ministro de presidencia; los ministros de economía y finanzas José Luis Parada [13 de noviembre de 2019 - 7 de julio de 2020] y Oscar Ortiz [7 de julio - 28 septiembre de 2020]; Fernando López, ministro de defensa; y el mismo Murillo) respondiera a las reiteradas solicitudes de entrevista.

Para esta investigación se solicitó información y entrevista a los actuales ministros de gobierno, Eduardo del Castillo, y de defensa, Edmundo Novillo, pero ninguno hizo efectiva su promesa de dar curso a la solicitud. En el caso del procurador del Estado, Wilfredo Chávez, a través de su equipo de comunicación, respondió que no tenía tiempo para atender los requerimientos periodísticos. Y la Aduana Nacional, que es la que alimenta la base de datos de importaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), ni acusó el recibo de la solicitud.

Importación de armamento no letal 

El número 9304009000 es la partida arancelaria que las aduanas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) comparten para registrar el ingreso de armamento no letal a sus países.

Bajo esta partida, según los datos de importaciones del INE, que fueron analizados por este equipo periodístico de investigación, desde 2017 hasta 2021 ingresaron a Bolivia 17,5 millones de dólares (valor CIF, que incluye costo seguro y flete) en este tipo de armas.

En esta misma categoría, Bolivia incluye a los equipos de airsoft. 

Cabe hacer notar también que de estos 17,5 millones de dólares no se pudo determinar qué cantidad salió del erario nacional para la compra de equipo antimotín para la Policía y Fuerzas Armadas, puesto que la Aduana no le provee al INE información sobre el “importador” y el “exportador” y cuando se le solicitó esta información a los ministerios de Defensa y Gobierno, no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, a través de Veritrade, base de datos pagada que brinda información de comercio exterior de Latinoamérica y el mundo, se pudo identificar, desde 2017 hasta noviembre de 2018, a las empresas y personas que hacen de intermediarios para la importación de armamento no letal a Bolivia. Se identificaron dos personas y siete empresas.

En esta lista está el Estado boliviano como comprador directo, a través del Ministerio de Defensa, el Ejército de Bolivia y la empresa estatal Maxam-Fanexa. De modo que, en el periodo analizado, importó 267.636 dólares en gas lacrimógeno, cartuchos, municiones, pistolas y rifles lanzagranadas.

Maxam-Fanexa aparece con dos importaciones, una en 2017 y otra en 2018, por 257.303 dólares. Esta empresa de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), que nació de una alianza con la española Maxam Outdoors S.A. y se dedica, entre otras cosas, al ensamblaje de munición, se negó a hablar sobre su papel de importadora. Desde la unidad de comunicación de Cofadena señalaron que el coronel Arturo Echalar, gerente general, respondería solo si recibía autorización del ministro de defensa, Edmundo Novillo.

Similar proceder fue el de las empresas intermediarias privadas que también se mueven en el mercado de la seguridad y defensa nacional. 

“Tenemos un contrato de confidencialidad con el proveedor, no podemos dar ningún dato, un poco por lo delicado del tema, que es la seguridad y defensa de Bolivia”, respondieron, vía telefónica, desde Tradinter Bolivia S.A., cuyo único cliente de armamento no letal es el Estado boliviano.

Desde Falken S.R.L. señalaron que ya no importaban armamento no letal, aunque en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) figuran como proveedores activos y entre su catálogo de productos figuran equipos antimotín.

“Ya no estamos trabajando en ese rubro. La empresa está en proceso de cierre porque es imposible trabajar en estas circunstancias que estamos trabajando aquí, son cuatro o cinco años que no ha habido ningún movimiento. No estoy autorizado para hablar más”, dijo la persona que atendió la llamada sin brindar más información.

Otra empresa que aparece en el radar de las importaciones de armamento no letal es Lynx Importaciones S.R.L. 

Según la Fundación Omega, institución de investigación independiente con se sede en Reino Unido, que publicó en 2016 el informe “Instrumentos de tortura y represión en América del Sur: Uso, fabricación y comercio”, Lynx “es un distribuidor al que las autoridades bolivianas han adjudicado varios contratos. Entre ellos figura la venta al Ministerio de Gobierno de vestimenta de protección antidisturbios, granadas de mano de triple acción de gas CS, multiproyectiles lanzados con escopeta, aerosoles de agentes químicos irritantes y cartuchos de 37/38 mm”.

Efectivamente, Lynx aparece en el Sicoes como un “proveedor activo” de variados productos relacionados con la seguridad y defensa, entre ellos los que están dentro de la categoría de no letales. Sin embargo, cuando se buscó su dirección de su su oficina central, en un edificio de la Avenida Arce de La Paz, no existían allí rastro alguno. Tampoco se los pudo contactar en los números de teléfonos de contacto de proveedores del Estado que publica el Sicoes.

El 2020, el mayor pico de importación

El año en el que se marca un pico en la importación de armamento no letal es 2020. De los 17 millones de dólares importados entre 2017 y 2020, la Aduana boliviana registró poco más de 15 millones de dólares en importaciones en 2020, es decir, el 87,12% de las importaciones del lustro se hicieron en ese año.

El análisis muestra que Brasil es el país de origen del que Bolivia adquiere más armamento no letal, seguido de España y Estados Unidos. 

El armamento no letal procedente de Brasil arribó al aeropuerto de El Alto, cerca a La Paz, en solo dos fechas del primer trimestre del 2020: el 15 de enero, 4,5 millones de dólares; y el 15 de marzo; 10,6 millones de dólares.

Ese lapso de tiempo coincide con la intermediación de Bravo Tactical Solutions (BTS) en la compra de gas lacrimógeno de Brasil para una Policía boliviana carente de este agente químico tras tres meses de convulsión social por las fallidas elecciones de octubre de 2019. 

Los informes del agente especial Jonathan Eades, presentado a la Corte del Distrito Sur de Florida el 20 de mayo de 2021, y el de la comisión legislativa boliviana, presentado el 1 de octubre de 2020, muestran que los empresarios estadounidenses y los políticos bolivianos, desde octubre de 2019 hasta abril de 2020, habrían usado el aparato estatal boliviano, promulgado decretos supremos y modificado procesos de compra institucionalizados con la clara intención de beneficiarse económicamente. De ese modo, presuntamente desviaron a sus bolsillos 2,3 millones de dólares.

Tras la renuncia de Evo Morales, el 11 de noviembre de 2020, Murillo pasó a formar parte del gabinete de ministros del gobierno de transición presidido por Áñez, que tenía la misión inicial de pacificar el país y luego convocar a nuevas elecciones. Pero la investigación judicial muestra que habría visto en las protestas ciudadanas la oportunidad de desviar dinero del Estado para sus propios intereses y de la red de personas con las que conspiró para delinquir. 

Lo primero que hizo fue desactivar el proceso de compra que el Estado en la administración de Morales, y a través de un intermediario boliviano, ya había iniciado con la empresa brasileña fabricante de armas Condor Non Lethal Technologies, según explicó el exministro de gobierno, Carlos Romero. Murillo le abrió la puerta a la intermediaria BTS, cuyo gerente general es el hijo de Luis Berkman Littman, con quien comparte una vieja amistad, además del lugar de nacimiento: Cochabamba, el corazón geográfico de Bolivia.

El siguiente paso fue promulgar tres decretos supremos: el 4090, del 3 de diciembre de 2019, autorizó la compra de estos pertrechos; el 4116, del 12 de diciembre de 2019, autorizó la compra en el exterior y por invitación directa; y el 4168, del 28 de febrero de 2020, autorizó el desembolso de 40’068.000 bolivianos, equivalente a 5,6 millones de dólares, y la excepción del pago de tributos.

¿Esto qué significa? Que BTS realizó la compra a Condor, bajo la modalidad “puesto en fábrica” y el Estado boliviano, según la información de la Aduana Nacional brindada a la comisión legislativa, tuvo que enviar, en dos oportunidades, una comisión para que recogiera en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, los gases y cubrir los gastos de traslado. 

Además, los agentes químicos fueron nacionalizados sin el pago de tributos de importación, de modo que el Estado tuvo que erogar 42.567 bolivianos (6.115 dólares) por concepto de gravamen arancelario y 69.955 bolivianos (10.050 dólares) por el impuesto al valor agregado (IVA), además del costo de la Declaración Única de Importación (DUI), entre otros.

El exministro Romero cree que ahí se hizo “la trampa”. Como ya se había aprobado en su gestión el presupuesto (los 5,6 millones de dólares) de compra, su sucesor Arturo Murillo y sus colaboradores, en palabras de Romero, “no podían modificarlo” por lo que “eliminaron algunos costos de la adquisición para generar un excedente de precio para desviarlo a sus bolsillos”.

El 12 de noviembre de 2021, cuando ya Murillo se encontraba detenido en Estados Unidos, el procurador del Estado boliviano, Wilfredo Chávez, anunció, en conferencia de prensa, que se incluyó a la empresa brasileña Condor en la demanda civil por el caso de gases lacrimógenos “porque ya había provisto agentes químicos antes al país, pero con otros precios. Condor sabía del sobreprecio, estaba consciente que casi se había duplicado el precio de estos agentes químicos y había consentido la participación de intermediarios”. 

El propósito de este proceso es recuperar el dinero del soborno, pero aún el caso se sigue ventilando en los tribunales de Estados Unidos y de Bolivia.

Para esta investigación, a través del equipo periodístico de UOL, medio brasileño que forma parte de la alianza colaborativa, se le pidió a la empresa Condor sus comentarios, pero su respuesta fue general: “aclaramos que Condor está obligada por cláusulas de confidencialidad a proteger información sensible de seguridad pública y defensa de otros países, tales como cantidades y tipos de productos suministrados, clientes y destino”, dijo a través de un documento.

La misma empresa brasileña, que tiene su base de operaciones en Nueva Iguazú, en el estado de Río de Janeiro, señala que está presente en más de 80 países y que la mayor parte de sus ingresos provienen del mercado exterior, “razones que prueban que es reconocida a nivel mundial por la calidad de sus productos y la seriedad con la que fundamenta su carácter comercial e institucional”.

UOL, mediante el análisis de datos abiertos al público del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, encontró que, en el mapa de exportaciones de Condor, entre 2017 y 2021, Bolivia solo aparece en 2019 con una compra de 63.252 dólares en armamento no letal.  

No figuran en esta base de datos los agentes químicos de la trama de corrupción que le costaron 5,6 millones de dólares al erario nacional.

Tampoco coinciden los datos oficiales con la compra de los 5,6 millones de dólares. Como se dijo antes, en este periodo, en el que Murillo y su entorno negociaban los gases, la Aduana boliviana registró los dos únicos ingresos de armamento no letal en 2020 al país provenientes de Brasil, uno de 4,5 millones de dólares y otro de 10,6 millones, ambos ingresando por el aeropuerto de El Alto, cerca a La Paz.

El cargamento que ingresó el 15 de enero tiene una diferencia de 1,1 millones de dólares con lo relación a los 5,6 millones de dólares que el Estado boliviano destinó a la compra de gases. Un agente aduanero consultado para esta investigación explicó que es habitual destinar un monto para la importación de productos y al momento de ingresar al país de destino, el costo que registre la Aduana será menor si se contrataron otros servicios en el exterior, como es el caso de un intermediario.

Represión primero, diálogo después

Si bien el derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la libertad de reunión pacífica y prohíbe de modo absoluto la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a menudo los Estados no cumplen sus obligaciones en relación con estos derechos, señala el informe “Instrumentos de tortura y represión en América del Sur: Uso, fabricación y comercio” de la Fundación Omega.

En América del Sur, prosigue el informe de Omega, hay muchos Estados que pese a haber dejado atrás los periodos de dictadura militar, “siguen actuando como instrumentos de represión en el marco de estructuras en gran medida autoritarias”. Esto se traduce en el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que, en algunos casos, como los que ha registrado “El negocio de la represión”, ha provocado la muerte o daños severos graves.

Entre esos casos se cuenta el de José Fernando Jaldín Flores que perdió el ojo izquierdo cuando en octubre de 2019, junto a otros universitarios salió a las calles a denunciar fraude electoral y un contingente policial los reprimió. 

“Vi cuando el policía percutó la granada y me apuntó directamente al rostro, no lo hizo en parábola, es decir disparando hacia arriba, como debe ser. Por eso es que yo creo que fue premeditado, con dolo y con una intención de dañar”, relata.

Las estadísticas de víctimas en protestas ciudadanas siguen en aumento, pese a la existencia de múltiples tratados internacionales a los que se ha suscrito Bolivia, como el de los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” de la ONU, y normas nacionales, incluídas las internas de la Policía como el “Manual para operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público”.

El experto en seguridad y defensa Jorge Santistevan dice que una de las causas se debe a la falta de asignación de recursos para el entrenamiento de la fuerza pública en control antidisturbios, tanto en lo operativo como en derechos humanos. Esta situación lleva a ver a policías “apuntando de manera irracional” y “haciendo daño a la sociedad”. “En tema de derechos humanos estamos muy débiles”, insiste.

Para Gregorio Lanza, especialista en gestión de conflictos y exviceministro de régimen interior, “todo pasa por una decisión política”. Reprimir primero y después buscar el diálogo tiene que ver con la desinstitucionalización de la Policía puesta al servicio del gobierno de turno. 

El panorama se torna más gris, añade Lanza, cuando la falta de institucionalidad no solo afecta a la Policía, sino que es transversal al Estado y, por ende, a la distribución de los recursos. En Bolivia la sociedad ha llegado al punto de ver en las marchas, el bloqueo de caminos y el paro de actividades la única vía de ser escuchada y cuando lo hace, ¿qué recibe cómo respuesta? Gas lacrimógeno, disparos o toma de fotografías para luego amedrentar o causar daño sicológico”, dijo.

Ahora, el evitar que más personas se conviertan en víctimas de la fuerza pública cuando se reúnen para ejercer su derecho a la protesta está en manos del Gobierno, que debe reducir la brecha de la polarización, implementar mejores mecanismos de prevención de conflictos y “primero dialogar antes de meter gas y balas” a la población, concluye Lanza.

Pero mientras haya funcionarios públicos corruptos y un sistema opaco, es difícil garantizar el cumplimiento de las leyes y sancionar a quienes actúan en la frontera de la criminalidad y las estadísticas de víctimas de la represión seguirán aumentando.

Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán

Recolección de datos: Paula Andrea Asillanis Montaño

Infografía: José Arias