Oportunistas de la represión
Empresas constituidas tanto por personas ligadas al mercado de armas como por profesionales que no tenían nada que ver con este mundo encontraron su particular fiebre del oro durante la represión de las protestas sociales en Chile, iniciadas a fines de 2019. Una psicóloga, un publicista y una veterinaria, entre otros, obtuvieron ventas por 11 millones de dólares sin fabricar un solo cartucho o granada lacrimógena.
Las empresas que vendieron armamento y municiones no letales a la policía chilena durante las masivas protestas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 son, en su mayoría, intermediarios, de acuerdo con información entregada por Carabineros, la policía chilena, en respuesta a múltiples solicitudes hechas vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Varios cuentan con estudios y profesiones que no parecieran tener mucho que ver con el mercado de las armas, según información disponible en escrituras públicas y sus propios perfiles en redes sociales.
Una psicóloga, un agrónomo, una veterinaria, un ingeniero eléctrico y un publicista —entre otros— son parte del negocio de la represión en Chile, sin fabricar una sola arma.
El único fabricante que vendió directamente a la Policía chilena fue la empresa estatal Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE), especializada en mantenimiento, desarrollo y producción de artículos industriales de defensa. A Carabineros, en particular, proporcionó gases lacrimógenos en formato granada y cartucho, además de polvo y líquido también lacrimógeno (estos últimos dos para uso en vehículos antidisturbios principalmente).
Estos son los inesperados perfiles que surgen luego de que Interferencia y JUT Media indagaran, como parte de la investigación transfronteriza El Negocio de la Represión realizada junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios de América Latina, en las estructuras societarias del resto de los intermediarios, disponibles en escrituras públicas y registros de comercio chilenos.
F y K Comercial Ltda
Vendió más de 751.000 dólares en cartuchos CS 37mm a Carabineros, municiones fabricadas por Sangaria Limited y la española Wildox LCM. El negocio, según información obtenida desde la entidad policial vía Ley de Transparencia, se cerró en 2019, entregándose la munición al menos tres meses después, en marzo de 2020, cuando las protestas ya decaían en intensidad producto de la llegada de la pandemia del coronavirus.
Fundada en julio de 2011, F y K Comercial Limitada es propiedad de Francisco Murra Readi, ingeniero militar especializado en armamento, que posee un 65% de la sociedad, y Karim Andrea Murra Tafra, psicóloga clínica y educacional, dueña de un 35% de la empresa.
Francisco Murra cuenta con experiencia en el mundo de las armas. De acuerdo con su perfil de LinkedIn, entre 1999 y 2002 fue subgerente de armamento en Fábricas y Maestranzas del Ejército chileno (FAMAE). Entre 2002 y 2006 fue jefe del departamento de Ingeniería en el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC). Es desde 2006 y hasta la fecha asesor de la compañía española EXPAL Systems, especializada en la producción de municiones y explosivos.
Además de ser dueño de F y K Comercial Limitada, Murra Readi es director de Comunicaciones en Yerpun Logistics, compañía que asegura ser proveedora de la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros en Chile, mas no registra ventas a estas entidades en el portal de compras públicas del país.
Francisco Murra fue contactado para el especial El Negocio de la Represión. Aseguró que el armamento fue entregado junto a un instructivo de uso y, consultado si sentía alguna responsabilidad al venderle armamento a la policía sabiendo que se le estaba dando un uso incorrecto, indicó que “yo no puedo estar vigilando a Carabineros”. Además, agregó que con su empresa ya no se dedican a este tipo de operaciones, dedicándose en la actualidad a la venta de ropa institucional.
Ante la imposibilidad de encontrar información sobre Sangaria Ltd., la empresa fabricante de armamento no letal que Murra vendió a Carabineros según la propia institución, se le consultó por el origen de ésta. El dueño de Fy K Comercial Limitada indicó que no recordaba bien de dónde provenía el armamento, pero que le parecía que lo adquirió de Bosnia y Herzegovina. No fue posible encontrar presencia de Sangaria Ltd. en aquel país. Además, Murra aseguró que los 300.000 dólares en armamento correspondieron a granadas lacrimógenas, no cartuchos lacrimógenos calibre .37.
A raíz de las dudas respecto a la proveniencia y el tipo de armamento adquirido, también se tomó contacto con el Departamento de Comunicaciones de Carabineros, entidad que no indicó el país de proveniencia del armamento, a pesar del requerimiento.
En cuanto a Karim Murra, según su perfil de LinkedIn, ha dedicado su vida profesional a la psicología, trabajando principalmente como orientadora y terapeuta en distintos establecimientos educacionales.
Azimuth Medical Devices SpA
Empresa especializada en la comercialización de implantes de audición y otros dispositivos médicos. Vendió 404.640 dólares en OC Neblina (oleoresin capsicum), conocido como gas pimienta.
Fundada en abril de 2015 por su actual dueño, el ciudadano chileno nacido en Argentina, Esteban Duffour. Realizó varias reuniones con autoridades del Ministerio de Salud en Chile registradas bajo la ley de lobby, todas con el fin de presentar y ofrecer implantes cocleares.
Duffour se describe a través de su cuenta de LinkedIn como un “emprendedor serial”, comprometido con “traer soluciones novedosas para problemas complejos”. De acuerdo con su perfil, el propietario de Azimuth Medical Devices no cuenta con mayor experiencia en el mundo del armamento no letal ni en las Fuerzas Armadas y de Orden.
Sociedad Comercial Millennium Limitada
En su página web, anuncian la venta de armamento, entre otros fusiles de asalto, bajo el dominio armas1000.cl. Vendieron cartuchos lacrimógenos por 370.000 dólares a Carabineros durante las protestas.
El equipo de CLIP e Interferencia también solicitó, a través de la Ley de Transparencia, el registro histórico de venta de carabinas lanzagases y escopetas antidisturbios a Carabineros. Millennium resulta ser el actor principal en este mercado: según información entregada por la institución, vendieron el 86% de las escopetas antidisturbios que adquirió la Policía, obteniendo 408.000 dólares; además de un 100% de las compras de carabinas lanzagases por un total de 140.840 dólares. Dichas ventas se dieron entre 2013 y 2018, previo al denominado estallido social chileno.
Fundada inicialmente bajo el nombre de Taurus Limitada en marzo de 1999, es actualmente propiedad de Aron y Salomón Goldbaum Molina, siendo este último su accionista mayoritario.
Salomón Goldbaum defiende ideas conservadoras y de ultraderecha a través de su cuenta de Facebook. Férreo defensor de Israeldefensor de Israel y del porte de armas de fuego, el principal dueño de Millennium es también socio de un polígono de tiro en la comuna de Vitacura, una de las más exclusivas del país.
Según registros del Servicio Electoral chileno, Salomón Goldbaum aportó una pequeña donación a la campaña del excandidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast (fundador del Partido Republicano, de ultra derecha, y actualmente presidente de la organización internacional Political Network for Values, promotora de políticas anti aborto y contraria a las diversidades sexuales). Entregó poco más de 70 dólares.
Tec Harseim SpA
TEC Harseim es la principal productora de munición de caza en el país. Ha suministrado a Carabineros por más de 30 años con cartuchos antidisturbios. La institución policial indicó que la empresa vendió granadas de humo blanco y gas pimienta por un total de 107.000 dólares entre octubre y noviembre de 2019.
A estas ventas se le suman otras 12 órdenes de compra para las que Carabineros no distinguió el intermediario, si fue Mir y Cruz SpA o Tec Harseim SpA; indicando a ambas como intermediarias en las 12 compras. Esto, explican, ya que se produjo un cambio en la representación de Condor en Chile. Estas ventas totalizan 4,8 millones de dólares en granadas y cartuchos lacrimógenos marca Condor, repartidas entre ambas empresas chilenas.
Previo al estallido social chileno, específicamente entre 2012 y 2017, Tec Harseim suministró de cartuchos antidisturbios a Carabineros. La empresa obtuvo 922.000 dólares mediante 10 compras diferentes de munición a lo largo de esos cinco años. Sin embargo, luego de iniciadas las protestas en 2019, la Policía chilena no realizó compras de perdigones, siendo uno de los elementos más utilizados durante labores de control de orden público. Como se informa en este especial, sí realizaron compras en múltiples ocasiones para cartuchos, granadas, gases y líquidos lacrimógenos.
Recién en septiembre de 2021, cuando las manifestaciones ya se habían detenido a causa de la pandemia del coronavirus, Carabineros volvió a comprar esta munición –aunque ahora al Ejército chileno–, por lo que se presume que durante los meses más álgidos de protestas se utilizó únicamente munición Tec Harseim, de al menos dos años de antigüedad. Un informe elaborado por la Universidad de Chile comprobó que los cartuchos de Tec, además, contenían plomo, metal peligroso para la salud humana. De acuerdo con el estudio, los perdigones estaban compuestos por sólo un 20% de caucho, siendo el 80% restante plomo, silicio y sulfato de bario.
Para el especial El Negocio de la Represión, Interferencia intentó tomar contacto vía correo electrónico con Tec Harseim, sin recibir respuesta alguna.
Según los registros de propiedad chilenos, Tec Harseim fue constituida el 16 de agosto de 1977 por los hermanos Bernardo, Enrique, Eric, Alex y Carlos Harseim Hein, todos ingenieros industriales. A lo largo de los años, los cinco hermanos fueron cediendo propiedad de la compañía a distintas sociedades, todas compuestas por ellos mismos junto a sus esposas e hijos. Un tercer actor dentro de la empresa es Alfonso de Iruarrizaga, gerente de Tec Harseim y ex deportista olímpico chileno, habiendo ganado la medalla de plata en tiro al vuelo durante los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988.
En la actualidad, Tec Harseim SpA cuenta con un capital de 1.300.000.000 de pesos (1,5 millones de dólares) que se divide en mismo número de acciones. Los cinco hermanos son propietarios cada uno de 1.300 acciones, mientras que en sus empresas familiares poseen entre 230.948 y 248.300 acciones de Tec Harseim SpA. Cierra la estructura Inmobiliaria e Inversiones Alcon Limitada, de Alfonso de Iruarrizaga.
Importadora y Comercializadora Mir y Cruz SpA
Además de las 12 órdenes de compra por 4,8 millones de dólares para cartuchos y granadas lacrimógenas que Carabineros le adjudica tanto a Tec Harseim SpA como a Importadora y Comercializadora Mir y Cruz SpA; esta última empresa se adjudicó otras nueve compras.
A partir del 27 de diciembre de 2019, todas las adquisiciones de munición Condor contaron con Mir y Cruz como intermediario, pagando la policía 2,2 millones de dólares por granadas lacrimógenas y de humo blanco, además de cartuchos lacrimógenos y munición bean bag para escopeta antidisturbios.
Fundada el 30 de diciembre de 2008, actualmente es propiedad del matrimonio entre Felipe Alejandro Mir Fernández, agrónomo y dueño mayoritario de la empresa y Catalina Cruz Yávar, veterinaria y poseedora del 20% restante. A su vez son dueños de una tienda especializada en venta de réplicas de aire comprimido, armamento para la práctica de airsoft, llamada Commando Store.
Defensa Representaciones y Proyectos
Defensa Representaciones y Proyectos se adjudicó una compra de cartuchos lacrimógenos por $62.000 dólares.
Fundada en febrero de 2016, sus dueños son Juan Julio Riquelme Vergara, piloto y funcionario del Ejército, retirado en el año 2000; y su hijo, Benjamin Riquelme Ahumada, publicista.
Riquelme Vergara ha sostenido nueve reuniones registradas a través de la ley de lobby para ofrecer productos y servicios a distintas entidades del Estado. Siete de estas audiencias fueron con el Ejército, todas entre julio de 2015 y septiembre de 2019; donde como gestor de intereses de Defensa Representaciones y Proyectos ofreció asesorías financieras, un sistema de hospitales móviles, maquinaria láser para grabar instrumentos quirúrgicos y un simulador de vuelo.
La compañía también ha sido proveedora en múltiples ocasiones de Carabineros, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Armada; según registros disponibles en Mercado Público. En total, entre 2016 y 2022, Defensa Representaciones y Proyectos SpA registra 153 órdenes de compra emitidas desde estas tres entidades, principalmente para la compra de repuestos de aeronaves y servicios asociados.
Comercial FF E.I.R.L.
Vendió más de 499.000 dólares en granadas, polvos y líquidos lacrimógenos, todos fabricados por la norteamericana NonLethal Technologies Inc., de acuerdo con la documentación obtenida vía Transparencia.
Empresa fundada en 1998, desde 2003 es propiedad de José Fabio Fuentes Marrazzo, ingeniero civil industrial. También actúa bajo el nombre José F. Fuentes Representaciones E.I.R.L.
Comercial FF cuenta con dos reuniones registradas a través de la Ley de Lobby chilena. En marzo de 2019 la compañía, representada por su dueño, Fuentes Marrazzo, se reunió con el jefe del Departamento de Logística de Gendarmería con el propósito de “presentar los productos que vende Comercial FF E.I.R.L para ser proveedor de Gendarmería de Chile”. Luego, en abril del mismo año, la compañía se reunió con el director de logística de Carabineros de Chile, con el objetivo de solucionar problemas con licitaciones llevadas a cabo con la Dirección de Compras de la institución.
Interferencia y CLIP también solicitaron información relativa al negocio de armas no letales para otras entidades responsables del control del orden público. Tanto la Policía de Investigaciones como el Ejército y la Armada se negaron a entregar datos relativos a la compra de armamento no letal durante las protestas. Distintos recursos de amparo fueron interpuestos ante el Consejo Para la Transparencia de Chile (CPLT) para garantizar la entrega de esta información relativa a gasto de recursos del Estado, estando a la fecha de publicación a la espera de la determinación de aquella entidad.