Las cicatrices de la represión en Bolivia en la crisis de 2019

En este primer momento, tal como observa la Defensoría del Pueblo en su informe de lo acontecido en este periodo, la Policía (en cuyos almacenes escaseaban los agentes químicos que usa para reprimir protestas) miró de palco los enfrentamientos entre ciudadanos y no los protegió. Las Fuerzas Armadas no salieron de sus cuarteles. Tampoco tenían orden de intervenir, según declaró ante la Fiscalía, en julio de 2021, el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros.

Calles y avenidas de las ciudadades capitales y rutas interdepartamentales se convirtieron en campos de batalla entre propios bolivianos. Los que apoyaban a Evo intervenían las protestas de los que denunciaban fraude electoral, de modo que las primeras tres muertes se registraron en Santa Cruz y Cochabamba por uso de armas de fuego calibre 22. El proyectil provino, supuestamente, de una bazuca artesanal, según los informes de la Fiscalía y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la CIDH.

El segundo momento oscuro, y el más sangriento, se vivió entre el mismo día de la renuncia de Morales (11 de noviembre), la asunción a la presidencia de Jeanine Áñez (el 13 de noviembre), y el 19 de ese mes. En este lapso, las Fuerzas Armadas salieron a las calles a reforzar a la Policía y reprimir a los que veían en la salida de Evo y la llegada de Jeanine a Palacio de Gobierno un golpe de Estado. El saldo fue fatal. Se registraron muertes en la localidad de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), además de más de un centenar de heridos. El informe final catalogó estos hechos como masacre: hubo 37 muertos bajo los dos gobiernos, 18 fallecieron en los conflictos de La Paz, 14 en Cochabamba, uno en Potosí y cuatro en Santa Cruz.

Las víctimas de La Paz y Cochabamba corresponden a choques entre manifestantes, en un primer momento, y a la represión de las fuerzas de seguridad luego, cuando Evo renunció y asumió el mando Jeanine Áñez.

En este periodo, según el informe de la Defensoría del Pueblo, también se registraron 861 heridos y 1.531 detenidos

De acuerdo al rango etario, 17 fallecidos eran adultos, 14 jóvenes, un adolescente, un adulto mayor y cuatro no tienen registros. Todos los muertos eran varones. De los 37 fallecidos, 29 fueron por armas de fuego. La Fiscalía identificó el tipo de calibre del arma empleada en algunos casos: hubo dos fallecidos por 9 mm y tres por 5,56 mm, que son de uso reglamentario de la fuerza pública, de acuerdo a la Ley N° 400. Mientras que otros seis fallecidos fueron por arma calibre 22 mm, de uso privado.

El general Franko Orlando Suárez González, excomandante de la División Mecanizada del Ejército, según el informe de la comisión legislativa que investigó lo acontecido en Bolivia en este periodo de crisis, señala que los militares hicieron uso de sus armas de dotación, además de equipos antimotín. El general Suárez, actualmente, se encuentra preso por estos hechos.

Evo Morales salió el 11 de noviembre de 2019 de Bolivia rumbo a México, donde recibió asilo político. Un avión militar mexicano llegó hasta el Chapare para recoger al exmandatario. La aeronave sufrió varios inconvenientes para llegar al trópico de Cochabamba. Ya en zona cocalera, cerca de la medianoche, partieron rumbo a Asunción, Paraguay, para abastecerse de combustible. Ese país fue el único que dio autorización para que la nave atravesara su espacio aéreo. No lo hizo Perú ni Brasil ni Ecuador. El avión tuvo que bordear los límites aéreos. El 12 de noviembre llegó a la capital mexicana junto a Álvaro García Linera y Gabriela Montaño, quienes eran vicepresidente y ministra de Salud, respectivamente. Luego, todos abandonaron México y partieron hacia Argentina, justo cuando Alberto Fernández juró como presidente de ese país.

Fue en estos dos momentos, entre los últimos días de Evo en el poder y la llegada de Áñez, como si se tratara de una película coral, que las vidas de José Fernando y Hernán se cruzaron. Son hijos de una misma desgracia.

"Por platita y por notita" y el fatídico día

Esta declaración del presidente Evo llevó a muchos a salir a protestar y José Fernando fue herido de gravedad

Pasaron cuatro días desde que el Órgano Electoral diera como ganador a Evo Morales. La tensión subía en las calles. Las marchas copaban las principales arterias de La Paz, en especial las que encabezaban los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

La masa estudiantil denunciaba a viva voz “fraude electoral”. Todo estaba por desbordarse. Fue en ese momento, un 24 de octubre de 2019, cuando una declaración del entonces presidente echó más gasolina a la llama del conflicto y molestó a muchos universitarios, entre ellos a José Fernando Jaldín Flores.

“Algunos jóvenes, por platita y por notita (calificaciones) están movilizados, engañados”, dijo Morales en rueda de prensa, en donde, incluso, invitó a los jóvenes a reflexionar y no creer en “las mentiras de la derecha”.

“Eso caló en mí porque a mí no me da nada el Gobierno. Había muchos universitarios y personas que estaban ahí por convicción. Entonces, decidí sumarme. Uno de los pensamientos que me vino fue que no podía ver todo por la tele o mirar de palco”, señala José Fernando, que cursaba el último año de derecho en la Universidad Nuestra Señora de La Paz, una casa privada de estudios superiores.

Y así, indignado por los comentarios de Evo, se integró a la protesta. Antes había participado de forma esporádica de las manifestaciones, a lo mucho llegó a gritar: “fraude” o “Bolivia dijo ‘No’”, en alusión al referéndum por la reelección que el expresidente perdió en 2016.

Ese 24 de octubre decidió bajar hasta la calle Juan José Pérez, cerca de la UMSA. Mientras caminaba por la vía, un grupo de policías comenzó a organizarse para reprimir al grupo de universitarios al que se unió para marchar.

En ese instante los uniformados formaron una línea de ocho o seis escuderos y detrás de ellos estaban los policías que disparaban las granadas de gas lacrimógeno. Más atrás, en medio del caos, otra tropa mantenía estacionadas sus motocicletas guardando distancia.

En esos instantes, José Fernando se escondió en una esquina de la calle Juan José Pérez mientras unos 25 policías, entre escuderos y granaderos, perseguían a los estudiantes. Trató de correr a la universidad, pero ya un policía lo tenía en su mira, a una distancia no mayor de siete metros, pese a que las instrucciones, recogidas en el "Manual para operaciones policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público", indican que debe ser utilizado para dispersar a la multitud cuando está a “una distancia mayor a los 80 metros”, evitando que caiga directamente.

“Me apuntó a quemarropa contra mi integridad. En cuestión de segundos giré la cabeza, escuché el sonido: el impacto fue inmediato. En ese momento me incorporé. Más bien no me desmayé ni desvanecí. Me levanté pensando que fue un simple golpe o que no era grave o letal”, recuerda.

¡No alcohol al ojo!

Tras recibir el impacto corrió hasta la universidad. Fue ahí cuando recién notó la gravedad de sus heridas, cuando los estudiantes de medicina lo atendieron y comenzaron a gritar: “No alcohol al ojo”, mientras le colocaban un parche.

“(Ellos) estaban asustados viendo mi ojo, gritaban ‘pacos de mierda’ y pedían que no me echen alcohol al ojo. Luego me desvanecí, después llamaron a una ambulancia que creo llegó en 20 o 30 minutos. Me levantaron y la ambulancia me trasladó al Instituto Nacional de Oftalmología”, relata.

En este centro médico fue evaluado por los doctores que tras varios estudios no pudieron salvar su ojo. Al quinto día de ser internado, fue sometido a una enucleación ocular (extirpación quirúrgica del ojo). Primero le colocaron un implante para que luego pueda usar una prótesis.

“La granada me impactó en todo el globo ocular. Los doctores me dijeron que no podían rescatarlo ni por fisonomía y evitar que tenga que utilizar una prótesis. Me dijeron: ‘Hay buenos médicos, la prótesis en algunos queda bien y en otros no se nota’. Ahora tengo que levantarme todos los días, verme al espejo y ponerme la prótesis. Eso es duro”, dice.

Después de la operación vino la parte más difícil, tratar de recuperar su vida, terapias con un psicólogo, retomar la elaboración de sus tesis para graduarse como abogado y quizá, lo más duro: reclamar justicia.

Al comienzo entró en depresión y necesitó ayuda profesional. Le costó mucho aceptar lo que pasó. Ahora dice que está un poco mejor, pero admite que es una herida difícil de sanar y más cuando las investigaciones para identificar al policía que le disparó la granada de gas lacrimógeno no prosperan.

La Fiscalía es quien dirige las investigaciones y la Policía es la parte operativa, pero “policía no investiga a policía”, sostiene José Fernando, con un dejo de amargura en su voz.

La granada de gas

Antes de pisar las aulas de la carrera de Derecho de la Universidad Nuestra Señora de La Paz, José Fernando tenía el pelo corto y era un cadete de la Academia Nacional de Policía (Anapol). Llegó hasta el tercer año y fue en ese momento que decidió que vestir el verde olivo no era para él. Simplemente, la subordinación no iba con su carácter.

Sin embargo, lo aprendido en la alma máter de la institución del orden lo avala para afirmar que su caso no fue un simple accidente. En la academia de policías no solo fue preparado para intervenir protestas ciudadadas, entre otras cosas, sino también para investigar.

Es por ello que sostiene que una granada de gas fue la que impactó en su rostro y que el policía que le apuntó lo hizo con la intención de dañarlo porque disparó su rifle lanzagranadas contra él y no en parábola, o hacia arriba, como dispone el protocolo que él aprendió en sus días de instrucción en la Anapol y que está suscrito en el Manual Para Operaciones Policiales de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público.

Este manual da un panorama de las leyes nacionales y acuerdos internacionales suscritos por el Estado boliviano que garantizan el derecho a la protesta y la forma en la que debe intervenir la Policía, además del tipo de equipos y dispositivos antimotín con el que cuenta esta institución del orden.

En uno de sus postulados también se lee: "Cuando un policía actúa sin respetar lo que la ley y sus normas determinan, no está combatiendo la criminalidad y el desorden, sino, está sumándose a ella (sic)".

José Fernando es uno de los casi 30 bolivianos que resultaron heridos en enfrentamientos entre ciudadanos y por la represión de la fuerza pública, cuyos nombres figuran en el informe del GIEI. Su caso, así como el de otros 3 jóvenes que terminaron lesionados por balines en la masacre de Sacaba, son los únicos en los que se detalla el tipo de armamento no letal con el que fueron alcanzados. El resto fue por arma de fuego u otras causas.

Sin embargo, hasta el momento no se han podido determinar las características de la granada de gas lacrimógeno que aquella noche del 24 de octubre de 2019 terminó impactando en su rostro debido a una acción directa de un policía.

El equipo de esta investigación, El Negocio de la Represión, a través de Veritrade, base de datos pagada que se alimenta de información que le proveen las Aduanas y brinda información de comercio exterior de Latinoamérica y el mundo, identificó que entre 2014 y noviembre de 2018, el Estado importó bombas lacrimógenas, pistolas y rifles lanzagranadas de España, Estados Unidos y Brasil, por un valor de 3,8 millones de dólares.

A su vez, el Manual Para Operaciones Policiales de Mantenimiento y Restablecimiento del Orden Público señala que la institución del orden, hasta 2017, tenía en sus almacenes rifles lanzagás de industria estadounidense (Smith & Wesson, Combined Tactical Sistems [CTS], Federal y Casper) y brasileña (Condor Non Lethal Technologies).

No figura en lista de la Defensoría del Pueblo

Pese a que su caso tuvo repercusión mediática, el nombre de José Fernando no figura en la lista de víctimas del informe de la Defensoría del Pueblo sobre los luctuosos hechos registrados entre octubre y diciembre de 2019.

Relata que para ser incluido en esta lista buscó una cita con la defensora Nadia Cruz, pero fue en vano. Las veces que la contactó, a través de la mensajería de Facebook, solo obtuvo respuestas automáticas generadas por esta red social y fue dejado “en visto”, según consta en los registros de esta aplicación de mensajería.

También dice que intentó un contacto vía telefónica, pero sin éxito.

Nadia Cruz, mediante una respuesta escrita a este equipo periodístico, señaló que la Defensoría del Pueblo hizo gestiones con la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para que la agresión a José Fernando sea investigada. También dijo que acudió a los servicios de salud del Estado para que el joven fuera atendido y que, incluso, gestionó para que recibiera un resarcimiento de 30.000 bolivianos por su grado de invalidez.

A todo esto José Fernando responde: “no tomaron contacto con mi persona. Con mi madre tuvimos que acudir a todas las instituciones para lograr ingresar a la lista y, por lo menos, recibir esos 30.000 bolivianos (4.310 dólares), que son un insulto por una mutilación”.

La Defensoría hace énfasis en que el universitario figura en su informe, pero en las páginas 41 y 848, a las que hace referencia, solo se describe el contexto de la represión y no se menciona su nombre.

De este modo, José Fernando cree que es un fantasma para el Estado, es como si alguien no quisiera que su historia se sepa o se inscriba en los registros oficiales. La razón es sencilla, no es partidario del actual partido de Gobierno, que era el mismo que mantuvo 14 años en el poder a Evo Morales, dice.

En el informe del GIEI, sí está registrado su caso.

Actualmente, José Fernando ya terminó su tesis y se graduó, solo espera recibir pronto su credencial de abogado. Quiere seguir especializándose y una de las razones que lo mueven a ello es preparar una demanda internacional contra el Estado porque afirma que el entonces presidente Evo Morales es el responsable de lo que le pasó.

El retorno a casa y las heridas que no sanan

La represión del Gobierno de Jeanine Áñez dejó muertos y heridos, entre ellos a Hernán, un mecánico que ya no puede hacer lo que ama

A sus 31 años Hernán Maldonado Rosales decidió volver al lugar donde siempre se sintió feliz: el chaco de su padre en Villa Tamborada, a 24 kilómetros de Ivirgarzama, en el Chapare (Cochabamba). Allí, la tierra es fértil para el cultivo de yuca, naranjas, piña, verduras y otras plantas, como vainitas y pepinos. Allí, en pleno trópico, intenta sanar de sus miedos y demonios internos que lo han perseguido desde hace más de dos años y no lo dejaban vivir. Allí también, lidera al grupo de víctimas de la masacre de Sacaba.

“Soy chapareño, no narcotraficante”, dice para desmitificar a la zona calificada como roja y una de las mayores productoras de hoja de coca, materia prima de la cocaína.

Al llegar a su chaco, sus dos perros y su gato de color negro, salen a recibirlo. Él acaricia y juega con sus mascotas mientras se dispone a descansar sobre un pequeño toco (asiento) que está al lado de su casa de madera, que su padre le ayudó a construir hace un año. Decidió instalarse ahí porque ya no puede hacer lo que más adora: ensuciarse de grasa y desarmar máquinas pesadas. Le encantaba destriparlas y volverlas armar. Antes del 15 noviembre de 2019, la mecánica era su vida.

El oficio lo aprendió desde pequeño, de la mano de Don Manuel, “un mecánico que bebía mucho” pero que le enseñó cómo armar y desarmar tractores. Entre los 12 y 14 años, las enseñanzas de aquel hombre, que pasó a mejor vida hace años, y su curiosidad natural fueron la mejor universidad que pudo tener.

A los 17 ya era buscado por varias empresas por sus destrezas. A los 18 dejó el chaco de su papá. Por su talento con los fierros era un mecánico muy solicitado en Santa Cruz, La Paz, Beni y otras regiones del país. “A muchos lugares tenía que viajar. Incluso, hacía de operador. Las maquinarias son mi pasión, extraño subirme en ellas. Lastimosamente, tengo que volver al chaco y a la agricultura”, dice en tono de lamento.

Salvando gente de morir aplastada

Hernán siempre acompañó a su padre en marchas y bloqueos de carreteras en defensa del Chapare. Se considera un hombre orgánico, respetuoso de las organizaciones sociales que dirigen su región. Se declara masista y asegura que gracias al Movimiento Al Socialismo (MAS) las cosas mejoraron en el país y se terminaron los abusos de los partidos neoliberales y se realizaron obras para los humildes.

Por eso, cuando las protestas crecieron y el informe de la OEA aceleró la caída de Morales no dudó en salir a defender al exmandatario, al que llama “el hermano Evo”, porque afirma que en esos momentos se gestaba un golpe de Estado.

El exjefe de Estado llamó a sus bases a movilizarse para defender el proceso de cambio y este pedido tuvo respuesta en el Chapare. “Dijimos: ‘iremos con todo el apoyo’. Primero era salvar la vida de nuestro hermano Juan Evo Morales Ayma, un presidente de 14 años que cambió mucho en nuestro país”.

Recuerda que el 13 de noviembre las seis Federaciones de Cocaleros del Trópico realizaron una reunión y designaron comisiones para trasladarse a La Paz y realizar una marcha previa a la ciudad de Cochabamba. “El 14 llegamos a Sacaba en la mañana, en pleno frío. He viajado en un Nissan lleno de frutas porque las mamás estaban sin nada y nos esperaban con manos abiertas. Les dije: ‘mis hermanos, les vamos a repartir, aquí hemos traído un poco de fruta’ porque no llegaba nada y todo estaba bloqueado”, recuerda.

Al siguiente día acordaron hacer una marcha a la ciudad de Cochabamba, pero cuando llegaron hasta el Puente Huayllani (Sacaba) un contingente de policías y militares los frenó. Trataron de hablar con los uniformados para pasar la barrera y realizar una protesta pacífica.

“Pasaban aviones de guerra y helicópteros, iban armados, nos rodeaban. Se conversó con el comandante de la Policía y nos dijo: 'esperen hermanos, van a pasar. Solamente estamos esperando la orden de nuestro superior para replegarnos'”, afirma.

Sin embargo, la promesa de los policías no se cumplió. Al contrario, los uniformados se reforzaron. Aparecieron tanques y más armamentos. Esto fue el preludio de un episodio trágico en Bolivia. Hernán estaba acompañado por unos amigos y les dijo que algo iba a salir mal. Quiso retroceder, pero lo vio imposible, trató de tranquilizarse y ver qué pasaba, mientras un grupo de mujeres de polleras, sus compañeras, conversaban con el comandante de la Policía.

Eran las tres de la tarde y mientras las mujeres hablaban con los policías, sus compañeros identificaron a un infiltrado y “¡zas! Le dan un manazo porque estaba viendo qué hacíamos, qué no hacíamos y pasando información a la Policía”.

“Ahí comenzó la gasificación” y los marchistas quedaron atrapados, en especial las mujeres, que fueron golpeadas. “Las mamás no podían correr, las pisaban los policías y así las teníamos que sacar porque con el gas lacrimógeno estaban desmayadas”, relata.

Al mismo tiempo desde un helicóptero ya disparaban a matar, asegura Hernán, que con otras cuatro personas decidió rescatar a las mujeres que se encontraban desmayadas.

“Vi a una señora con su hijito botada en pleno camino. Tenía que entrar a sacarla, se estaba quejando de su pecho, he mirado mi mano, toda llena de sangre de su espalda, la querían matar a quemarropa”, relata.

En medio de la represión entró cinco veces al centro de la protesta para rescatar a personas desmayadas y muertas. En el último intento recibió el impacto de un balín en el ojo izquierdo. El impacto fue tan fuerte que lo hizo “volar” cinco metros.

Trató de pararse, pero apenas podía moverse a gatas y mientras lo hacía los policías le pateaban y le gritaban: “Chapareño narcotraficante, drogo de mierda”. Fue el comienzo de su infierno personal y de la masacre de Sacaba.

“Sin compasión me han pateado con sus botines, he escuchado lo que me decían, todas palabras vulgares. Ahí perdí la conciencia totalmente y mi ojo se cerró”, dijo.

Recobró la conciencia dos días después. El destino quiso que fuera rescatado. Primero, lo llevaron al Hospital México, en Sacaba. Después al Viedma y finalmente, a la Clínica María de los Angéles.

“Yo desperté el 17 en la noche, a las 23:30. Cuando me dicen: ‘has perdido un ojo’. Yo quería volverme a dormir porque ya no era una cosa correcta, tantas luchas con el trópico y perder un ojo. Hasta ahora sigo lamentando porque aún tengo secuelas”, afirma.

Después de recuperarse intentó volver a la mecánica. Pero en su condición, falló a tal punto que cometió errores que tuvo que resarcir.

Gastó todos los ahorros de su vida en recetas médicas y terapias con el psicólogo, porque llegó a un punto extremo que vivir ya no tenía sentido para él.

Por eso, volver al chaco le trajo algo de paz, aunque también siente amargura porque no encuentra justicia, pese a que el MAS volvió al poder.

Su caso continúa en investigación. No se ha identificado a la persona que le disparó, ni se ha precisado el tipo de armamento. El informe de del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que “un balín” le impactó en el ojo izquierdo, pero no brinda más información.

Hernán dice que la investigación aún está en proceso.

Cuenta que su frustración e impotencia por las secuelas y no encontrar justicia lo llevaron a ponerse al frente de los heridos y de los familiares de fallecidos de la represión. Se han denominado "Asociación de Víctimas, Fallecidos, Heridos, Procesados y Perseguidos en la Defensa de la Democracia, Puente Huayllani-Sacaba". Y junto a ellos está luchando para que el Estado les repare el daño y se castigue a los responsables de los muertos y heridos.

De hecho, la segunda quincena de mayo de 2022 recorrieron 40 kilómetros a pie, desde Senkata hasta la ciudad de La Paz, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, para exigir justicia.

Decepción

Hernán no se arrepiente de nada. Él asegura que fue a Sacaba para defender la democracia, la Constitución Política del Estado y al “hermano Evo”. Pero lamenta que hasta la fecha el expresidente no se haya dado tiempo para reunirse con las víctimas. Incluso, cuando se dio un baño de masas (a su retornó al Chapare, el 11 de noviembre de 2020, un año después de su renuncia) ellos estaban ahí, en el aeropuerto de Chimoré, esperando que al menos les saludara. Pero el líder cocalero no tuvo tiempo.

“Hasta el momento no veo el más sincero acercamiento del hermano Juan Evo Morales, que es expresidente y ahora también ejecutivo de la coordinadora de las seis federaciones, no veo ese respaldo a las víctimas”, se lamenta.

El distanciamiento entre las víctimas de Sacaba con el exjefe de Estado es tal que el mismo Evo le pidió a Hernán deshacer esta organización para no generar división en el MAS.

“Estás haciendo mal en crear una asociación, estas yendo en un camino equivocado. No estamos en época de colonización, nunca vamos a aceptar eso’. Eso me ha dicho el hermano Juan Evo Morales Ayma, pero yo muchas veces reflexiono que aquí hay víctimas, con un dolor tremendo que se han quedado con secuelas”, afirma.

También, recuerda la oportunidad que tuvieron de reunirese con el actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, pero ese encuentro no duró ni 10 minutos.

Una justicia que no llega

La crisis de 2019 ha dividido en dos a los bolivianos, entre los que apoyan al MAS y los que no. Las víctimas de este conflicto también pagan las secuelas de esta polarización. Sin embargo, su situación se agrava porque la justicia boliviana vive su peor crisis. Acusada de falta de independencia y de ser un brazo del poder de turno, la justicia todavía no tiene fecha de reforma.

La CIDH todavía elabora un listado de sugerencias para mejorar el sistema judicial en Bolivia y prepara una propuesta sobre la reparación de daños para las víctimas de los hechos de 2019. Este trabajo será puesto a consideración del Gobierno boliviano como parte del acuerdo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI y con base a las necesidades de quienes sufrieron las vulneraciones a sus derechos.

Entre los pedidos más relevantes de las víctimas está el inicio de un proceso “no político”, con jueces probos e imparciales contra quienes dispararon, hirieron, torturaron y detuvieron a ciudadanos durante los conflictos políticos y sociales de 2019.

Sobre estas demandas fue consultado el ministro de justicia, Iván Lima, quien señaló: “nuestro compromiso jamás ha sido el de utilizar a las víctimas como una bandera política. Lo que hemos buscado es transparencia y el respeto al debido proceso”, prueba de ello son los 18 exjefes de la Policía y Fuerzas Armadas que se encuentran en prisión.

Contrario a lo que afirman las víctimas, como es el caso de José Fernando Jaldín Flores y Hernán Maldonado, Lima asegura que “las personas que han perdido un ser querido y los heridos ya están claramente identificados y han recibido indemnizaciones entre 25.000 y 100.000 bolivianos, además de ayudas humanitarias”.

A los familiares de las víctimas, según el ministro, el Estado les ha otorgado trabajo, bono alimenticio, beca educativa y, en algunos casos, la devolución de “todos los gastos en salud”. El plan es, continúa la autoridad, constituir un fideicomiso de 8 millones de bolivianos (1,1 millones de dólares) para brindarles financiamiento para que desarrollen actividades económicas.

Análisis de datos: Lizeth Vargas Guzmán

Infografía: José Arias

Fotografía: Ipa Ibañez/Javier Mamani

Edición Video: Danner López Perez